Peritos públicos y privados

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Nuestro Equipo Pericial se presenta en los distintos sitios del suceso o defensorías, con la finalidad de ayudar a la víctima o imputado, con el único propósito de buscar y proporcionar “Evidencia Científica” que permita encontrar a los responsables de un delito ó bien exculpar al imputado de un informe pericial contrario ó de declaraciones basadas solo en presunciones.

Como profesionales del área criminalística, buscamos entregar un servicio de excelencia, utilizando tecnología de punta y equipamiento de los mejores proveedores nacionales y extranjeros. Somos los primeros en materia privada de Criminalística de Campo y en utilizar en Chile los trajes de Bio Seguridad en sitios del suceso, desarrollando y mejorando nuestras técnicas de trabajo en laboratorios de ensayo de nuestra Universidad.

Este servicio de Asistencia Criminalística es las 24 horas, los 365 días del año en delitos de robos internos o externos pudiendo atender a Condominios, Comunidades de Edificios, Complejos Empresariales, Empresas, Buffet de Abogados, Empresas de Seguridad, Supermercados y todos aquellos actores que requieran un Peritaje e Investigación Criminalística profesional.

En Chile si bien lo “tradicional” es que la mayoría de las pericias criminalísticas efectuadas en el País sean desarrolladas por peritos públicos, ello no se explica por la existencia de una disposición legal que lo haga obligatorio. La razón es mas de tipo económica: el Ministerio Público (encargado de la persecución penal en Chile desde la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal) utiliza preferentemente (pero no exclusivamente) peritos públicos por que ellos tienen la obligación legal de emitir pericias y son remunerados por los propios servicios a los cuales pertenecen, en definitiva: no generan ningún gasto para el Ministerio Público.   

Si a los jueces “sólo” se les presentaran las pericias “oficiales” (LACRIM, SIAT, SML, LABOCAR, etc.) no dispondrán de elementos “balanceados” que les permita formarse convicciones “fuera de toda duda razonable”, en la medida que no se le estarán haciendo presente las eventuales “dudas”. Ello perjudica en último término a la sociedad la cual (muchas veces sin saberlo) puede verse mermada en su derecho a obtener una real justicia.